Los compromisos climáticos y las inversiones del Grupo del Banco Mundial en Argentina: ¿en línea u opuestas?
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Bank Information Center (BIC)
21.08.2020
El Grupo del Banco Mundial (GBM) reconoce al cambio climático como una amenaza para el desarrollo mundial, que incrementa la inestabilidad y contribuye a la pobreza, la fragilidad y a las migraciones. En respuesta a esta problemática, en 2016 el GBM lanzó el Plan de Acción para el Clima (PAPC), en el que se establecieron objetivos generales a 2020 para contribuir al alivio de la pobreza mediante la creación de políticas, la resiliencia ante los impactos del cambio climático y el fomento de la descarbonización.
Luego de analizar los compromisos asumidos en el PAPC y sus inversiones particulares en Argentina, y teniendo en cuenta los proyectos vigentes (aunque algunos datan de fechas previas al PAPC), se observó que el valor de inversiones directas destinado a combustibles fósiles fue un 88% mayor que para las energías renovables, totalizando las inversiones en fósiles USD 541 millones; mientras que a energías renovables fueron USD 287 millones.
La mayor parte de estas inversiones son financiadas a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés) a empresas privadas en proyectos vinculados a la extracción y refinación de fósiles, préstamos a intermediarios financieros o el otorgamiento de garantías. Mientras que las inversiones amigables con el ambiente en el sector energético corresponden, en su mayoría, a proyectos estatales y provenientes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por su sigla en inglés). Una tendencia que no sólo se verifica en el sector energético del GBM, sino que se repite en otros sectores como el minero y forestal.
Donde el brazo que financia al sector público de la institución (IBRD) muestra su apoyo a las actividades vinculadas a la reducción de emisiones de GEI, en línea con sus compromisos asumidos por el PAPC; el brazo privado (IFC), continúa promoviendo inversiones en energías sucias, proyectos con graves impactos sobre el clima y el ambiente avalando préstamos para la extracción de petróleo y gas que no están alineados con los compromisos asumidos por el GBM en el PAPC ni en los compromisos asumidos por los países en el marco del Acuerdo de París.
Otra situación que genera preocupación es la inversión a través de intermediarios financieros (aproximadamente el 40% de las inversiones aquí analizadas se hizo vía intermediarios financieros), ya que es poco transparente. Esta se da a través de terceros, como los fondos de capital o los bancos comerciales, que reciben el dinero y luego lo prestan a otros clientes o sub-proyectos, cuyo destino se desconoce. Si bien los proyectos de los intermediarios financieros debieran seguir las normas de desempeño de la institución que lo financia (IFC o IBRD), estas se limitan a responder por su cliente directo (la entidad financiera intermediaria) y pierden el control sobre los sub-proyectos, por lo cual no pueden garantizar el efectivo cumplimiento de los estándares ambientales y sociales de la institución.
Asimismo, entre las inversiones del IFC en particular, destinadas a energías renovables se encuentran 2 proyectos de categoría A, considerados de mayor riesgo. Por otra parte, los proyectos del sector de hidrocarburos están categorizados como B. Pareciera que el GBM está planteando que es menos riesgoso el sector hidrocarburífero que el de energías renovables. No obstante, el sector de hidrocarburos, en cuanto a los impactos ambientales directos e indirectos que genera, tiende a ser más riesgoso que el de las energías renovables, a la luz de la contaminación producida en la extracción y el uso de hidrocarburos.
Como propuesta para fomentar inversiones energéticas alineadas con el Acuerdo De París, se plantea al GBM lo siguiente:
· Incluir la lista de exclusiones a proyectos de petróleo y gas upstream y otros proyectos que indirectamente demanden combustibles fósiles en los paquetes de ayuda del GBM;
· Fomentar el desarrollo de políticas de energía renovables en el marco del sector privado y no solo en el financiamiento al sector público;
· Dejar de financiar infraestructura física y financiera que respalde la generación de energía mediante combustibles fósiles;
· Ampliar los programas de acceso a la energía a través de energía renovable, en función de las potencialidades de generación de cada zona;
· Aprovechar la coyuntura para evitar seguir financiando, subsidiando o utilizando combustibles fósiles; fomentando un proceso de transición energética limpia, equitativa y distribuida; y financiar solo proyectos orientados a fomentar una matriz energética en respeto al ambiente y las comunidades.
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